En el 2006 solo el 10% de los peruanos entrevistados por el Barómetro de las Américas consideraba a la seguridad como el problema más importante del país. En el 2014 ese porcentaje creció hasta alcanzar el 46%. El incremento se corresponde con los altos niveles de victimización registrados el mismo año: los encuestados que señalaron vivir en hogares donde alguno de sus miembros había sido víctima de la delincuencia sumaron el 47,6% del total. La cifra es la más alta de América Latina (1).

El uso de granadas por extorsionadores de centros educativos ha disparado los alcances del tema en la opinión pública. Posiblemente este año se incremente aún más la percepción de riesgo entre la población, alimentada por el miedo, sentimiento que usualmente motiva la inseguridad e incertidumbre. Teniendo en cuenta la precariedad de nuestro sistema político y la cercanía de las elecciones, el escenario es propicio para la aparición de mercachifles y oportunistas inescrupulosos, expertos en capitalizar y movilizar emociones para posicionarse políticamente.

Política con miedo

Ese es el caso de Cecilia García, promotora de la campaña “Chapa tu choro y déjalo paralítico”. La súbita aparición en la opinión pública de esta virtual candidata al Congreso por Fuerza Popular no es otra cosa que la expresión del secular uso del temor de los ciudadanos con fines políticos. García exige combatir el fuego con fuego sin ningún interés de comprobar la eficiencia del método. Lo que le importa es atraer la atención y los votos de una población harta de los asaltos y de la incapacidad del Estado para reducirlos.

No es la única que instrumentaliza el miedo. Alcaldes y congresistas rocían querosene sobre la combustible sensibilidad popular exigiendo la salida a las calles de los militares, pena de muerte, justicia popular, aumento de condenas de cárcel para menores de 16 años y servicio militar obligatorio. El altisonante populismo punitivo se pone de moda e incita a combatir la delincuencia con medidas que a nivel internacional han demostrado ser excelentes canales para anestesiar la rabia ciudadana, mas no para combatir el crimen (2).

La explotación política de las emociones es también acompañada por su explotación económica a través del sensacionalismo periodístico. Mediante un video, la página de Facebook de “El Comerrio” mostró como un equipo de Panamericana Televisión le pedía a un grupo de ciudadanos que “dramatice” el linchamiento de un delincuente. A falta de realidad, la televisión ofrece teatro “en vivo y en directo” para agitar el rating. La mercantilización de la noticia no solo termina convirtiéndola en ficción sino en gatillo para violencia.

Gobernar las emociones  

El populismo punitivo confunde efectos con causas, simplifica la realidad y exacerba pasiones sin ofrecer soluciones. La justicia popular, por ejemplo, es una invitación a ampliar la violencia y convertir en delincuentes a los que buscan luchar contra la delincuencia. Además, es ineficaz. En ningún país los linchamientos han sido disuasivos. No resuelven el problema, lo generalizan (3).

La receta contra la delincuencia, como lo demuestra lo sucedido en Nueva York o Medellín, contiene otros elementos: liderazgo político para articular iniciativas, uso estratégico de las estadísticas criminales, inteligencia policial, sanción efectiva de los delitos, expansión y mejora del sistema educativo y promoción del uso de los espacios públicos a través de actividades culturales, educativas y comunitarias (4). Como insiste Jorge Melguizo, exfuncionario de la Alcaldía de Medellín, “el antónimo de la inseguridad no es la seguridad, es la convivencia ciudadana” (5).

En su libro “El gobierno de las emociones", la filósofa Victoria Camps explica que los afectos son una motivación para actuar racionalmente. Al contrario de lo que se cree, el miedo no es una emoción negativa en sí misma, puede ser gobernado y usado para motivar actitudes positivas como la solidaridad, el espíritu críticoo la participación ciudadana. En tiempos del crimen está por verse si seguimos el canto de sirena del populismo punitivo u optamos por otro camino.

* El artículo fue publicado originalmente en la edición de octubre de la revista PODER.

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(1) Para Noam López, investigador de la PUCP, la victimización (entendida como la ocurrencia real de hechos delictivos), no explica por sí sola el miedo al crimen. Hay otras variables explicativas para el incremento de la percepción de inseguridad como el sexo, la edad, la etnia y el nivel socioeconómico, así como el capital social existente, la exposición a medios de comunicación, la prevalencia de organizaciones que provean seguridad, etc. Según él, en el 2012 se hicieron más denuncias de robo en Miraflores que en el Cercado de Lima. Sin embargo, en éste último distrito la percepción de inseguridad ciudadana es mayor. Ello se debería a los "distintos niveles de confianza en las comisarías o a una mayor capacidad del distrito de Miraflores para registrar y hacer frente a las demandas de este tipo". Ver: Inseguridad y percepción de inseguridad en Lima, Perú.

(2) Según David Gagne de InSight Crime, la literatura especializada demuestra que "la militarización de la seguridad interna lesiona los derechos humanos y tiene poco impacto sobre el crimen y la violencia a largo plazo". Ver: El canto de sirena de la militarización en Latinoamérica (2015).

(3) En octubre del 2015, dos hombres fueron linchados y quemados en México. La población los acusó de secuestradores pero solo eran encuestadores. Ver: Justicia psicótica en México.

(4) Hay muchas otras más medidas que pueden ser aplicadas, claro está, especialmente teniendo en cuenta la realidad peruana donde la percepción de inseguridad se debe más a los robos y hurtos que a crímenes violentos (homicidios). Para comprender el impacto del robo y hurto en la economía doméstica y, por lo tanto, en el miedo ciudadano, ver este estudio de Jaris Mujica, Nicolás Zevallos, Noam López y Bertha Prado, investigadores de la PUCP. 

(5) Basándose en la teoría económica del crimen y en el caso de Medellín, dos investigadores de la Universidad Nacional de Colombia hicieron un modelo de simulación para medir la eficacia de las políticas punitivas (incremento de penas) y las políticas preventivas (convivencia ciudadana, educación, etc.). Los resultados demuestran que las políticas preventivas son más eficaces para reducir a largo plazo la cantidad de personas que inician una carrera criminal. Ver: Evaluación de políticas públicas para la reducción de la criminalidad en Medellín: una aproximación con dinámica de sistemas.